El informe de la Binuh analiza las consecuencias de la inseguridad en esa región de julio de 2022 a octubre de este año donde operan al menos 20 grupos criminales entre bandas y colectivos de autodefensa barriales.
Los secuestros, violaciones, ataques a propiedades agrícolas y a vehículos de transporte público se han convertido en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y el fenómeno se aceleró bruscamente desde julio de 2022.
“Extremadamente violentos, no dudan en ejecutar a la población local cuando atacan pueblos considerados rivales y queman a los secuestrados para obligar a sus familias a pagar rescates. Además, utilizan la violencia sexual como arma contra las mujeres e incluso los niños pequeños”, lamentó la organización.
Además, criticó que las bandas y quienes las apoyan convirtieron a los agricultores y a las propiedades en objetivos, mientras que el pago de rescates, robo de cosechas y ganado y la destrucción de canales de riego obligaron a más de 22 mil personas a huir de sus pueblos para buscar refugio en los centros urbanos de la región.
Estos desplazamientos ya provocaron una reducción de las tierras cultivadas y el endeudamiento de muchos agricultores y comerciantes, incapaces de devolver sus préstamos.
Los efectos agravantes de esta situación ya sienten en Bas-Artibonite, donde en septiembre más del 45 por ciento de la población vivía en situación de inseguridad alimentaria aguda y las pandillas tienen el control de la Ruta Nacional 1 y los asentamientos principales en unos 80 kilómetros del litoral norte.
La Binuh criticó que, pese a la grave situación de violación de los derechos humanos, la respuesta de las autoridades judiciales y policiales “ha sido inadecuada e incoherente”, porque las acciones de las fuerzas del orden no lograron contener a los grupos delictivos
Añadió que, sin embargo, la justicia no pronunció ninguna sentencia a pesar de la detención de sospechosos de integrar las pandillas.
Para contener la crisis, el organismo internacional insistió en la necesidad de reforzar a la Policía y desplegar una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad lo antes posible, aunque reconoció que esto no será suficiente.
Además, alentó a las autoridades haitianas a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, brindar el apoyo necesario a la Policía para que sus agentes puedan cumplir sus misiones y proteger a la población, al tiempo que el sector judicial cumpla con su labor.
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