Se sabía que esa sería su indefectible decisión y por ese y otros motivos la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó al pleno de la Corte una petición de declararlo impedido de conocer las acciones de inconstitucionalidad.
Estas fueron presentadas por un minoritario grupo de diputados y senadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional sobre la eliminación de 13 fideicomisos.
Pero los magistrados rechazaron los argumentos presentados y avalaron al ministro para que atendiera la solicitud del pequeño grupo de legisladores y decidiera sobre el futuro de los 857 millones de dólares que estos representan.
En un primer acuerdo con la presidenta de la Corte, Norma Piña, aceptó que el presupuesto del Poder Judicial era suficiente para cubrir sus gastos y que el dinero del fideicomiso fuera destinado a la reconstrucción de Acapulco y los damnificados por el ciclón Otis.
Sin embargo, la jefa de la principal instancia del Poder Judicial reculó y aceptó que se examinara la posibilidad de aplicar inconstitucionalidad a una medida aprobada por la mayoría de cada cámara y el ejecutivo, y publicada en el Diario Oficial.
De tal manera que, una sola persona, y parte además de los beneficiarios de los dineros en cuestión, ordenó la suspensión del decreto aprobado por el Congreso de la Unión y, además, dispuso que se sigan usando en los mismos asuntos como hasta ahora, lo cual incluye absolutamente todas las prebendas extra que reciben los magistrados.
De esta manera, los fideicomisos, que en conjunto acumulan en moneda nacional más de 15 mil millones de pesos, no podrán ser destinados para ayudar a los damnificados de Acapulco, ni otros fines que no sean los establecidos para cada uno.
Más aún, el ministro buscó cerrar todas las puertas de revisión de su decisión al indicar que “la medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”.
Además, no se le puede entregar ese dinero a la Tesorería de la Federación ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Días antes Elizabeth Trejo Galán, jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, había concedido también suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual impugnó el Decreto legislativo que ordena la eliminación de los fideicomisos.
mem/lma
