El documento fue dado a conocer durante un seminario virtual organizado de manera conjunta con ONU Mujeres, el Observatorio de Igualdad de Género, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de la ONU para la Población.
Los matrimonios infantiles son una práctica nociva sistemática prevalente en América Latina y el Caribe que se definen como una unión donde uno de los contrayentes es menor de 18 años, y en la mayoría de los casos afecta de manera permanente a las niñas.
De acuerdo con la Cepal se trata de una forma de matrimonio forzoso, ya que no cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes, o de ninguna de ellas.
Como resultado existe una vulneración de los derechos humanos de los menores de edad involucrados, ya sea que estén aceptados por normas legales, consuetudinarias o religiosas, o se trate de una relación de pareja sin reconocimiento legal, señala el texto.
Entre los efectos negativos de esta práctica figura la sobrecarga en el trabajo de cuidados que obliga a niños y adolescentes a postergar su educación y su trayectoria laboral y crea una dependencia económica acentuada.
Además, su elevada prevalencia daña el crecimiento económico de un país y su capacidad para erradicar la pobreza, hace crecer los problemas de salud materno-infantil y disminuye los ingresos y la productividad potencial de las mujeres.
A nivel regional el porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de llegar a la mayoría de edad fue de 21,2 por ciento en 2022.
Los países más afectados por esta situación son Surinam, con 36 por ciento; Nicaragua (35); Honduras (34); Belice (34); República Dominicana (32) y Guyana (32).
Sólo cuatro están por debajo del 20 por ciento: Costa Rica (17); Argentina (16); Perú (14) y Jamaica (8).
El informe de la Cepal advierte que la medición exacta de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en la región es muy difícil, porque existe un elevado subregistro.
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