Al hacer un balance, cuando faltan pocos días para terminar el año, el funcionario afirmó que el programa para dar con el paradero de más de mil personas secuestradas durante la dictadura es un esfuerzo para restaurar la confianza en el Estado.
El presidente Gabriel Boric firmó el decreto que puso en marcha el plan el 30 de agosto reciente, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Los objetivos fundamentales de esta iniciativa son esclarecer las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y determinar el paradero de estas personas, así como garantizar el acceso a la información y la participación de sus familiares.
Además se deben implementar las medidas de reparación y castigo y la no repetición de este tipo de crímenes.
En declaraciones a Radio Universidad, Cordero reconoció que, durante la implementación del programa y su discusión en el Congreso Nacional, no hubo ningún tipo de reparo entre los partidos opositores al gobierno.
“Por el contrario, yo diría que hubo un reconocimiento de que es un acto de mínima dignidad”, agregó.
Sobre su desarrollo, el titular de Justicia señaló que ahora se tiene mucha más información, en la medida en que los datos fluyen desde carpetas en manos de numerosas instituciones, hasta un solo centro donde se recopilan y organizan.
Respecto a los actos organizados en ocasión de cumplirse 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular y su presidente Salvador Allende, el ministro se refirió a las corrientes negacionistas expresadas durante esos días.
Mientras, en el país y el mundo crecía la condena a las crueldades ocurridas durante y después del cuartelazo encabezado por Augusto Pinochet, sectores de la derecha y extrema derecha trataron de relativizar los hechos y aún de responsabilizar por ellos a Allende.
La única manera de no traspasar esas fronteras, afirmó el ministro de Justicia, es fortalecer en Chile una cultura de derechos humanos, de respeto mutuo y de cumplir todos con nuestros deberes directos.
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