El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reiteró que el voto en primera y segunda vuelta de los sufragios pasados fue de forma pacífica y los ciudadanos eligieron a las próximas autoridades.
“El presidente y vicepresidenta Bernardo Arévalo y Karin Herrera; diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, subrayó.
Por lo anterior, agregó, cualquier acción que tenga por finalidad contravenir esa decisión ya validada, “no debe tener cabida en nuestra democracia”, acotó el reconocido Cacif.
Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana pidió que se “respete la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas”, y mostró “preocupación por la coyuntura que se vive actualmente en el país”.
Instó al Gobierno para que se respeten los principios democráticos, “porque la estabilidad, la economía, inversión y el progreso de Guatemala dependen en gran medida de la confianza de su población en las instituciones encargadas de salvaguardar la democracia”, remarcó.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala planteó que el TSE dio un fuerte y contundente mensaje reiterando que los resultados electorales fueron certificados y que todas las autoridades electas deben tomar posesión.
Exhortó a seguir trabajando juntos por afrontar los retos que el nuevo Gobierno tendrá para generar mayores oportunidades y desarrollo para todos.
El excandidato presidencial y líder del partido Cabal Edmond Mulet reflexionó mediante un mensaje en la red social X que hay que investigar quién está detrás de todo esto de la Fiscalía, por qué se está realizando en este momento.
Por qué el MP gasta toda su capacidad investigativa en temas políticos, cuando todos los guatemaltecos estamos sufriendo todos los días de delitos, de crímenes, de cosas tremendas y ese ente no hace su trabajo, señaló.
Todo esto al final de cuentas va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad, afirmó, por lo cual solicitó a los magistrados de ese organismo que respeten la República, la voluntad popular, los principios fundamentales de la alternabilidad en el poder.
Diferentes organizaciones locales e internacionales condenaron inmediatamente la persecución del MP y coincidieron en que constituye otra clara intervención contra la voluntad popular expresada en las urnas.
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