Los resultados están oficializados y solo un juez puede obligar a iniciar votaciones generales nuevamente, recalcó la magistrada en conferencia de prensa, antes de reunirse para analizar con parte de su equipo el volumen de mil 300 folios.
Podemos colaborar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en todo lo que quieran, pero no nos pueden decir que repitamos elecciones, subrayó la autoridad.
Aclaró que el expediente enviado por el MP solo les pide analizar para que después “puedan adoptar la decisión que consideren conveniente de conformidad con su mandato”.
Alfaro aseguró que eso harán, mientras calificó de prioritario enviar confianza a la ciudadanía, pues –enfatizó- el proceso electoral guatemalteco “no es electrónico”.
Son las Juntas Receptoras de Votos (JRV) las que se encargan de contar los sufragios emitidos, bajo la supervisión de los fiscales de mesa nombrados y acreditados por los partidos políticos, remarcó.
La presidenta del TSE recordó que la Corte de Constitucionalidad ordenó un segundo conteo, el cual ya se hizo meses atrás, aseveró.
Expresó, en otro sentido, que para el ente rector de las votaciones la fuerza política Movimiento Semilla (ganadora de los pasados sufragios) está suspendida, pero no cancelada.
Consideró que esto último podría tardar años, si así ocurriera, a partir de señalamientos expuestos por el MP en torno a ilegalidades en su constitución en 2016.
“Para nosotros en el Registro de Ciudadanos (del TSE) ellos (Semilla) son un partido político, ya participaron en el 2019”, advirtió.
Hemos cumplido con la suspensión, pero la cancelación de una agrupación política tiene que pasar por una serie de pasos jurisdiccionales hasta el final, puntualizó la magistrada.
Diversos pronunciamientos contra la FECI provocaron las revelaciones expuestas por varios de sus funcionarios el viernes pasado, ante un posible rompimiento constitucional.
Organizaciones locales e internacionales continúan con la condena a la persecución del MP y coinciden en que las maniobras recientes insisten en el objetivo de impedir la llegada del nuevo Gobierno el 14 de enero.
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