En conferencia de prensa, la titular informó la aplicación de un nuevo protocolo para el mantenimiento del orden, en el cual participarán la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, además del servicio penitenciario.
La ley no se cumple a medias y estamos dispuestos a hacer que se respete. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes y ante la flagrancia de manera inmediata. Las entidades provinciales actuarán en las zonas de su competencia, afirmó.
No tomaremos en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o la circulación. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, añadió.
Además, indicó que serán identificados los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito, así como los vehículos utilizados, los cuales serán incautados si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y serán notificadas las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, señaló.
En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, enviaremos la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, crearemos un registro de las organizaciones que participan en ese tipo de manifestaciones, agregó.
Si toman la calle, habrá consecuencias. Los cortes se terminaron y la Policía que no quiera actuar ante un delito también tendrá que responder, dijo.
Las medidas fueron dadas a conocer luego de que varios sindicatos y organizaciones sociales convocaran a protestas para los próximos días para denunciar un fuerte ajuste anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo.
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