En un comunicado, esa organización recordó que las manifestaciones y huelgas están amparadas por la Constitución nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales Argentina es parte.
A su vez, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la decisión de la gestión de Javier Milei de impedir la realización de demostraciones.
Toman medidas orientadas atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos, indicó.
Esta jornada, el Consejo Directivo Nacional de ATE acordó definir un plan de acción y declarar el Estado de alerta y asamblea permanente, repudiar y rechazar cualquier posibilidad de despido y realizar actos directos antes de finalizar el año.
En horas de la tarde, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que las cuatro fuerzas federales intervendrán ante cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de calles y lugares públicos.
La titular informó la aplicación de un nuevo protocolo para el mantenimiento del orden, en el cual participarán la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, además del servicio penitenciario.
Además, indicó que serán identificados los autores, cómplices e instigadores de “ese tipo de delito”, así como los vehículos utilizados, los cuales serán incautados si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y serán notificadas las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, señaló.
En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, enviaremos la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, crearemos un registro de las organizaciones que participan en ese tipo de manifestaciones, agregó.
Si toman la calle, habrá consecuencias. Los cortes se terminaron y la Policía que no quiera actuar ante un delito también tendrá que responder, dijo.
Tras conocerse esas medidas, la excandidata presidencial por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, las calificó de absolutamente inconstitucionales.
El derecho a la protesta es el primero, porque sin ese pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo, afirmó.
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