Un informe presentado por una funcionaria designada por Naciones Unidas para esa tarea, la excanciller chilena y experta internacional en derechos humanos Antonia Urrejola, identificó los impedimentos a la implementación de dicho convenio.
A juicio del gobernante, el estudio pone de manifiesto cómo el equipo gubernamental precedente torpedeó el proceso en marcha.
“La gravedad de esta traición al Acuerdo de Paz disparó las disidencias”, afirmó.
“De aquí la doble moral de nuestros críticos que asignan a este gobierno la responsabilidad en la violencia que de nuevo se desató en el anterior gobierno. Hicieron trizas la paz y ahora pegamos los pedazos”, aseguró además.
Uno de los puntos del informe profundizó en el caso de Jesús Santrich, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), quien luego del cese de las hostilidades con el gobierno, fuera miembro de la Cámara de Representantes de la nación.
No obstante tratarse de un integrante del equipo negociador del grupo insurgente, fue capturado el 9 de abril de 2018 bajo presuntos cargos de narcotráfico, con fines de extradición.
Al año siguiente regresó a la clandestinidad y murió en 2021 en hechos ocurridos en la Serranía de Perijá (norte).
Sobre este punto del análisis, Petro aseveró que, según su investigación en el Senado, el guerrillero “fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez (2016-2019) para hacerlo aparecer en operaciones narcotraficantes después del Acuerdo de Paz”.
“¿Por qué las Naciones Unidas investigan el caso Santrich? Porque el Acuerdo de Paz es un documento oficial de Naciones Unidas y por ello un tratado internacional que obliga al Estado colombiano en todas sus partes”, expresó el mandatario.
Si bien Urrejola destacó la voluntad política de implementar el Acuerdo por parte del gobierno del presidente Petro, alertó sobre aquellas cuestiones aún pendientes de eliminación.
Entre ellas, identificó la continuación de la violencia y las violaciones del derecho a la vida e integridad personal de las personas firmantes y en proceso de reincorporación, y calculó en al menos 400 los homicidios de personas pertenecientes a esta población desde la firma del acuerdo.
Otro de los obstáculos, apuntó, estriba en las debilidades de coordinación interinstitucional y en el rezago en la implementación del capítulo étnico y disposiciones de género.
mem/ifs
