El 25 de julio de este año, cientos de integrantes de pueblos como el atacama, quechua, humahuaca, ocloya y guaraní partieron desde ese territorio del norte del país en una marcha conocida como el Tercer Malón de la Paz y arribaron a esta capital el 1 de agosto.
Desde entonces un grupo de ellos se encontraba en la plaza Lavalle en espera de una respuesta de la justicia tras denunciar la violación de sus derechos y el uso de la fuerza contra quienes se opusieron a las políticas del exgobernador Gerardo Morales y a una reforma de la constitución jujeña.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67 de la nueva Constitución provincial, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, los artículos 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto.
Los integrantes del Malón anunciaron la víspera el retorno a sus hogares tras cuatro meses de protesta en esta ciudad, pero medios como Tiempo Argentino y Resumen Latinoamericano reportaron que la Policía no esperó a que se retiraran de la plaza e inició el desalojo.
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