El DNU, publicado en el Boletín Oficial, establece ese estado para lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural bajo jurisdicción federal.
Además, ordena a la secretaría que atiende el sector en el Ministerio de Economía elaborar e implementar “un programa de acciones con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión”.
Se determina el inicio de la revisión tarifaria correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, indica el texto.
Asimismo, dispone la intervención de los entes nacionales reguladores a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del directorio.
Lo anterior fue decretado por considerar que existe «una situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada», caracterizada “por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación».
El documento hace énfasis en la revisión de tarifas e indica que el atraso en la remuneración a las compañías generadoras, transportadoras y distribuidoras impacta en los planes de mantenimientos periódicos y permanentes, las tareas de reparación y los recursos económicos destinados.
Señala que bajo los esquemas vigentes no se promueve la competitividad de los mercados de producción.
La semana pasada, el ministro de Economía Luis Caputo anunció la eliminación de subsidios, la devaluación del peso, el fin de la obra pública y la reducción de las transferencias a las provincias, entre otras medidas.
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