En un mensaje dirigido al director general de la OIT, Gilbert Houngbo, la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA Autónoma alertaron sobre un escenario socioeconómico complejo y desesperante y señalaron que las medidas del presidente Javier Milei restringen y vulneran los derechos.
La semana pasada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich informó que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, así como el sistema penitenciario, intervendrán ante cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de lugares públicos.
Si toman la calle habrá consecuencias. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, señaló.
Además, indicó que serán identificados “los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito”, así como los vehículos utilizados, los cuales se incautarán si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y se notificarán las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, añadió.
Dicho protocolo fue anunciado luego de que varias organizaciones comunicaran su intención de protestar ante un plan de ajuste, despidos, quita de subsidios y devaluación implementado por el Gobierno.
La víspera, la titular de Capital Humano Sandra Pettovello informó que todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen en las manifestaciones, perderán contacto con esa cartera del Estado.
Asimismo, reiteró que no podrán acceder a planes sociales.
Ante esa situación, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola y miembros de organismos de derechos humanos presentaron un hábeas corpus preventivo y colectivo ante el Juzgado Criminal y Correccional 13 y demandaron la no aplicación del protocolo aprobado por Bullrich.
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