Según precisaron integrantes de la Unidad Piquetera, a partir de las 16:30, hora local, una columna de manifestantes partirá desde el Congreso y otra lo hará desde el Obelisco capitalino para confluir en la Plaza de Mayo.
La demostración coincide con el aniversario 22 del estallido social de 2001 que llevó a la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa, y tiene entre sus objetivos condenar el “el plan de ajuste y miseria de Milei y el Fondo Monetario Internacional y defender el derecho a la protesta”.
Entre las agrupaciones que participarán se encuentran el Polo Obrero, el Frente de Izquierda, Patria Grande, el Partido Comunista, la Unión Ferroviaria, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el Servicio Paz y Justicia y la Asociación Gremial Docente.
Confirmaron su presencia los excandidatos presidenciales Myriam Bregman y Juan Grabois, la representante de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y líderes sindicales.
La semana pasada, el ministro de Economía Luis Caputo comunicó la eliminación de subsidios, la devaluación del peso, el fin de la obra pública, la reducción de ministerios, despidos en el sector estatal y la disminución al mínimo de las transferencias a las provincias, entre otras acciones.
A su vez, la titular de Seguridad Patricia Bullrich informó que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, así como el sistema penitenciario, intervendrán ante cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de lugares públicos.
Si toman la calle habrá consecuencias. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, señaló.
Además, indicó que serán identificados “los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito”, así como los vehículos utilizados, los cuales se incautarán si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y se notificarán las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, añadió.
Por su parte, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello aseveró que todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen en las manifestaciones, perderán contacto con esa cartera del Estado.
Asimismo, reiteró que no podrán acceder a planes sociales.
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