La presidenta del ente rector de las votaciones en el país, Blanca Alfaro, expresó que la medida busca que el poder sea trasladado a quienes ganaron en las urnas, específicamente en las alcaldías.
La magistrada aseguró tener conocimiento de algunas autoridades locales salientes que no quieren entregar como consecuencia de la crisis democrática.
También –agregó- se tiene sospecha de conflictos de ese tipo en el puerto San José e Iztapa, ambos del departamento de Escuintla, y San Andrés Villa Seca, de Retalhuleu.
Alfaro advirtió que de no entregar la vara edil, estarían cometiendo un delito.
“Este martes tuvimos reunión con la mesa de conflictividad electoral para prevenir esos casos”, declaró la presidenta del TSE.
Llegamos a la conclusión de que se requerirá a los delegados, subrayó.
En enero –apuntó- solicitarán uno de cada una de las mesas de conflictividad y un representante de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM).
Estas mesas, vísperas de elecciones, analizan el contexto en cada demarcación, presentan la estrategia y la actualización del mapa de municipios en alto riesgo con miras a las votaciones.
Nueve partidos plantearon supuestas irregularidades tras la primera vuelta de los comicios el 25 de junio último, y la Corte Constitucional ordenó otro escrutinio de las papeletas, lo cual el TSE cumplió sin detectar anomalías.
Algunas fuerzas continuaron con la matriz del fraude y el pasado 8 de diciembre el Ministerio Público (MP) presentó acusaciones contra la agrupación ganadora de la silla presidencial, el Movimiento Semilla, y sugirió anular los sufragios.
Ante tal panorama, Alfaro ratificó que el proceso terminó, los resultados de los comicios efectuados están validados, oficializados y son inalterables.
Diferentes organizaciones locales e internacionales condenaron la persecución del MP y coincidieron en que constituye una nueva intervención contra la democracia nacional e impedir que las autoridades electas asuman sus cargos el 14 y 15 de enero de 2024.
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