Ese año podría ser el de mayor número de consultas de ese rango, si llegan a ratificarse cinco avizorados, de los cuales uno ya tiene asegurada su papeleta.
Se trata del que busca aprobar los allanamientos nocturnos policiales, para lo cual el gobernante Partido Nacional consiguió las firmas necesarias en el Parlamento.
El argumento principal es que se precisa de la normativa para un mayor enfrentamiento a la inseguridad, en particular al narcotráfico. Hay otras cuatro iniciativas que pugnan por llegar a las elecciones de 2024.
Para ello la central sindical PIT-CNT realiza jornadas de recolección de rúbricas para llevar a plebiscito la modificación de la ley de reforma a la seguridad social, aprobada este año en medio de polémicas y protestas de trabajadores.
Lo propio hace el partido Cabildo Abierto, que impulsa la reestructuración de deudas a las personas físicas, un proyecto al que le ha faltado apoyo dentro de la coalición gubernamental.
Por su parte el movimiento Uruguay Soberano propone regular los contratos de inversión del Estado, postulando que sea obligatoria la aprobación legislativa “en los casos en que implique sometimiento del país a jurisdicción extranjera».
También cuando se brinde inmunidad jurídica a la empresa privada, o «se pongan a cargo del Estado obligaciones que se extiendan más allá del período de gobierno en curso”.
A la lista de probables plebiscitos se suma la del diputado Eduardo Lust, quien pretende que el cargo de fiscal de Corte sea ocupado no más de 60 días después de generada la vacante.
Ello para resolver la falta de acuerdo político para definir el reemplazo del fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez. Su planteo es que si dos dos meses después de que el cargo quede vacante no hay convenio, asumirá el de mayor antigüedad en Fiscalía.
Estas propuestas plebiscitarias deberán reunir las firmas del 10 por ciento de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional para tener papeletas propias en los comicios del 27 de octubre de 2024.
mem/ool
