Durante una reunión celebrada esta jornada, el Comité Central Confederal de esa organización aprobó la convocatoria a esas acciones para rechazar el plan de ajuste, el protocolo antiprotestas, un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del mandatario y un paquete de leyes enviado la víspera a los legisladores.
Además, acordó reunirse con otras centrales sindicales, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas.
El paro comenzará a las 11:00, hora local, del día pactado y durará 12 horas.
Antes de esa iniciativa, el 10 de enero, tendrá lugar en esta capital un plenario nacional de las delegaciones regionales de la CGT.
El DNU, anunciado por Milei el 20 de este mes, dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
La víspera, el Presidente envió al Congreso un paquete de normativas que establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, está conformado por más de 600 artículos, otorga atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y señala que el mismo podrá prorrogar el plazo antes mencionado por dos años.
Además, establece la privatización de empresas y sociedades estatales y su conversión en sociedades anónimas.
Entre esas entidades se encuentran Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamiento, el Banco de la Nación, la Casa de Monedas, el Correo Oficial, la Empresa de Navegación Aérea, la de Energía, Ferrocarriles, la Radio y Televisión, Télam y Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Asimismo, elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos.
Por otra parte, indica que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.
Suspende el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses y considera no punibles a quienes obraren en virtud de la obediencia debida, lo cual, según varios analistas y políticos, puede impedir la continuidad de juicios por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
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