De esa manera, el tribunal integrado por los jueces María Dora González, José Alejandro Sudera y Andrea García aceptó un recurso presentado por la Confederación General del Trabajo y dispuso una acción provisoria en tanto se analiza el alcance y validez del DNU.
El capítulo IV de ese documento prolonga el período de prueba de los asalariados de tres a ocho meses, facilita los despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limita el derecho a la huelga.
No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, señaló Sudera.
El DNU establece importantes modificaciones en materia de interpretación de las normas, contratación, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales y conflictos colectivos, añadió.
Además, la Cámara consideró que no se evidencia objetivamente la necesidad de adoptar las medidas ni se avizora que haya razones de urgencia para eludir la debida intervención del Poder Legislativo.
«Varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se les incluye como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como leyes antievasión», agregaron.
Según el diario Página 12, seguramente el Gobierno recurrirá la decisión de la Cámara, tras lo cual el caso pasará a la Corte Suprema de Justicia.
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