El debate lo encendió la víspera la Contralora suplente de la Nación, Dorothy Pérez, quien acudió a la Cámara de Diputados para denunciar que falta por justificar el uso de 194 mil millones de pesos (unos 223 millones de dólares).
Además, la funcionaria afirmó que envió una denuncia al Consejo de Defensa Nacional por otros 17 mil millones (19,5 millones de dólares), para su cobro inmediato a los organizadores del evento.
Este jueves, sin embargo, el director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro, compareció ante la comisión investigadora legislativa y cuestionó lo que calificó como “imprecisiones” de Dorothy Pérez en el manejo de las cifras.
Aseguró que todos los sumarios solicitados por la Contraloría General de la República fueron instruidos y las multas se cursaron o están en el proceso adecuado.
Castro señaló que todos los documentos sobre los montos correspondientes a 2019 y 2022 fueron rendidos y aceptados o permanecen en revisión, mientras los de 2023 están en el plazo establecido por el convenio.
El tema es complejo porque podría empañar al máximo evento continental realizado en Chile, que fue elogiado por sus resultados deportivos y, salvo incidentes menores, por su organización.
El diputado independiente Andrés Giordano sostuvo que el país demostró su capacidad de producir competencias internacionales de alto nivel.
Ahora, puntualizó, hay que revisar hacia atrás y recordó que la administración del presidente Sebastián Piñera (2018-2022) dejó los preparativos con numerosos retrasos, obras sin planos o sin adjudicaciones para su construcción.
El gobierno de Gabriel Boric, sostuvo, recibió el Estadio Nacional con un 36 por ciento de avance y cero en los centros acuáticos, urbanos, de tenis y raquetas y otros, pero aún así todo estuvo listo al momento de la inauguración.
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