De acuerdo con el director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, la prohibición es general para todos los candidatos en esa etapa que antecede a la campaña que comienza el 3 de febrero y finaliza el jueves 2 de mayo a la media noche, dos días antes de la consulta.
Antes de este tiempo, los candidatos tienen prohibido pedir el voto, pero como ciudadano se puede manifestar el interés de ser elegido.
Valdés explicó a la prensa acreditada que está pendiente concluir la revisión de impugnaciones y apelaciones a los rechazos de las postulaciones de los candidatos, la información se debió publicar en la primera semana de enero, pero no ha sido posible porque en los juzgados administrativos electorales quedan algunos trámites pendientes.
Indicó que se han detectado al menos unos seis casos de candidatos que fueron inhabilitados y por ende, sacados de la contienda que pertenecen a diferentes partidos políticos, entre ellos, uno por la libre postulación.
En relación con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), el cual está condenado a más de 10 años de prisión y es candidato a la presidencia por el partido Realizando Metas (RM), dijo que están pendientes de lo que diga la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El magistrado precisó al canal de noticias TVN que si la sentencia se produce en abril, por “lógica” no tendrán tiempo de modificar las boletas y al tener una candidatura en firme, el candidato presidencial de RM aparecerá en la misma, aunque pueda quedar inhabilitado.
Valdés alertó que si bien los candidatos pueden utilizar sus redes sociales personales para promover sus candidaturas, al momento en el que se pague en cualquier tipo de medio para promover la figura ya se convierte en propaganda política.
De otra parte, el presidente del TE, Alfredo Juncá, instó recientemente a la población a denunciar el uso de los recursos del Estado para influir en las elecciones generales del próximo 5 de mayo, en las que al menos ocho candidatos se disputarán el Palacio de las Garzas(sede del Ejecutivo) para el periodo 2024-2029 .
Hacer uso de fondos, bienes o servicios públicos para beneficiarios a candidatos o partidos es una práctica ilegal y altamente perjudicial para la integridad del proceso, comentó el magistrado en un vídeo.
Al respecto urgió a reportar en las redes sociales o a través de un correo electrónico del organismo comicial como medio para canalizar las denuncias.
Aunque la campaña electoral comenzará oficialmente el 3 de febrero, desde hace meses sectores de la sociedad civil y políticos independientes denuncian el presunto uso de bienes y fondos públicos por parte de funcionarios para ganarse el voto.
El próximo 5 de mayo, más de tres millones de panameños están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 alcaldes , todos con sus respectivos suplentes, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
Entre los ocho candidatos presidenciales están los exmandatarios Martín Torrijos (2004-2009) por el Partido Popular (PP) y Ricardo Martinelli (2009-2014) por Realizando Metas (RM), quienes ya se enfrentaron en los comicios de 2004.
También el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD); Rómulo Roux, por la alianza de Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista, Ricardo Lombana por el Movimiento Otro Camino, y los aspirantes independientes Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha.
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