La propuesta será enviada al Congreso y pretende insertar un nuevo capítulo a la normativa penal. En este se explica que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los autorizados.
La sanción propuesta será de 10 a 20 años de prisión, independientemente de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales, informó el secretario de Gobierno local, Ricardo Ruiz.
El texto recoge que las penas se agravarán en una mitad más cuando se obtenga algún beneficio económico por estas acciones.
Según Ricardo Ruiz, la reforma busca disuadir el surgimiento de organizaciones similares a un cártel inmobiliario que se investiga hoy en la alcaldía Benito Juárez.
También pretende combatir la corrupción en todos los ámbitos del servicio público y contribuir, desde lo penal, a la transformación de la política inmobiliaria en Ciudad de México.
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