A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intima a la CTA-A, la Federación Nacional Territorial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones de otras centrales sindicales y movimientos sociales y pide el pago de 56 millones 760 mil 282 pesos (71 mil 396 dólares) y 40 millones 419 mil 227 (50 mil 841) por participar en las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 del mes pasado, informó la agrupación en un comunicado.
Esas penas son actos de persecución e intimidación. Pretenden sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera cometimos. Los trabajadores ejercemos nuestro derecho a la protesta, añade.
Asimismo, la CTA-A precisó que realizó las presentaciones correspondientes ante la Justicia y ante la Organización Internacional del Trabajo para denunciar un protocolo antiprotestas aprobado por la titular de Seguridad Patricia Bullrich.
El Ministerio no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer esas penas. Rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzaremos en nuevas denuncias ante organismos internacionales, apunta el texto.
El protocolo viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y reclamar, agrega.
Además, la CTA-A ratificó su participación en un paro general previsto para el 24 de este mes contra las medidas del Gobierno.
Exigiremos a los legisladores que rechacen el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, a través de los cuales el Presidente pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino pretendiendo establecer un Estado de sitio de hecho, concluye el comunicado.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó de irracional la decisión de hacer pagar a las organizaciones los costos del despliegue policial para impedir que se realicen manifestaciones.
Despiden empleados públicos y cuando ejercemos nuestro derecho a la protesta, pretenden cobrarnos los gastos del operativo que ellos mismos decidieron montar. No somos delincuentes, nos movilizamos de manera pacífica. Son ellos los que violan la Constitución, aseveró.
Estamos en democracia, sigue vigente la libertad de expresión, de manifestación y de huelga. Piensan que así nos van a atemorizar, pero con más decisión defenderemos los derechos sociales, afirmó.
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