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Analizarán recursos contra protocolo antiprotestas en Argentina

Buenos Aires, 12 ene (Prensa Latina) La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el análisis de recursos presentados contra un protocolo antiprotestas implementado por la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, informó hoy el diario Página 12.

Según ese medio de prensa, la legisladora de esta capital por el Frente de Izquierda María Celeste Fierro, la Asociación de Trabajadores del Estado y Periodistas Argentinas acudieron a la Justicia para expresar su rechazo a las medidas del Gobierno y calificaron de inconstitucionales las acciones contra las organizaciones sociales y sindicales.

Además, señalaron que el protocolo «penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión».

Los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco decidieron habilitar el debate en feria judicial por considerar que existen riesgos ciertos e inminentes de violaciones y criminalización de la protesta.

El 14 de diciembre, Bullrich anunció que las cuatro fuerzas federales de esta nación (la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal) intervendrán ante cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de calles y lugares públicos.

No tomaremos en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o la circulación. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, añadió.

Además, indicó que serán identificados los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito, así como los vehículos utilizados, los cuales serán incautados si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.

Serán sancionados aquellos que lleven niños y serán notificadas las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, señaló.

En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, enviaremos la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, crearemos un registro de las organizaciones que participan en ese tipo de manifestaciones, agregó.

Si toman la calle, habrá consecuencias. Los cortes se terminaron y la Policía que no quiera actuar ante un delito también tendrá que responder, dijo.

mem/gas

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