En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad intimó a la Central de Trabajadores Autónoma, Camioneros, la Unión Obrera Metalúrgica y de la Construcción, la Federación Nacional Territorial y organizaciones de otras centrales sindicales y movimientos sociales por movilizaciones realizadas el 22 y 27 de diciembre.
En notas enviadas a esas entidades, esa cartera del Estado pidió a las agrupaciones el pago de 56 millones 760 mil 282 pesos (71 mil 396 dólares) y 40 millones 419 mil 227 (50 mil 841) para cubrir los costos de los operativos policiales desplegados en esas fechas.
Se trata de una nueva provocación del Poder Ejecutivo. Es un intento de acallar toda manifestación de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país, señala un comunicado de la CGT.
Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta, no condicionará al movimiento obrero organizado, añade.
Por su parte, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte repudió el accionar del Ministerio por considerarlo una criminalización de las manifestaciones en Argentina.
El intento de implementar castigos económicos por ejercer el derecho a manifestarse linda con prácticas de gobiernos totalitarios y autoritarios y es inconstitucional, apuntó.
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