En un comunicado, UP calificó de antidemocráticos un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y un proyecto conocido como Ley Ómnibus, los cuales consideró parte de acciones del mandatario para arrogarse facultades legislativas extraordinarias hasta 2027.
Junto a los trabajadores, acompañando todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos del pueblo, reafirmamos que la patria no se vende y exigimos al Congreso el rechazo a esas medidas, señala el texto.
Asistimos a un intento explícito de avanzar sobre los ciudadanos y sus derechos, en claro beneficio de grandes grupos económicos, especuladores financieros nacionales y transnacionales y potencias extranjeras que históricamente pretendieron apropiarse de nuestro suelo y recursos, añade.
Además, advierte sobre “un proyecto de devastación popular y aniquilación de la soberanía que tiene al Gobierno y sus aliados como brazos ejecutores y al endeudamiento perpetuo como vínculo”.
El DNU y la Ley Ómnibus suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social”, apunta el documento.
Asimismo, alerta sobre “la destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, científicos y estudiantes, y la afectación de las conquistas sociales conseguidas por el pueblo y en particular por los sectores más postergados, entre ellos el movimiento feminista”.
También indica que esas iniciativas tienen como consecuencia “la desintegración del territorio nacional a través de la entrega concreta de cientos de miles de hectáreas productivas y estratégicas a los fondos buitres y el saqueo de los recursos naturales por parte de intereses que en nada benefician a los argentinos”.
Pretenden lograr la venta y desguace de las principales empresas para el desarrollo nacional, el desfinanciamiento de la educación pública, la destrucción del sistema de salud, la licuación de los ingresos de los trabajadores y los haberes jubilatorios y el desmantelamiento de un sistema de seguridad social solidario y sostenible, afirma.
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