Más de 34 mil pobladores de los distritos costeros de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla, del norte dela región de Lima, demandaron colectivamente a la empresa hispana en una corte de La Haya, Países Bajos.
Se trata de pescadores, vendedores informales, pequeños comerciantes y otros pobladores afectados en su economía y en su medio ambiente por el derrame, el 15 de enero de 2022, de 11 mil barriles de crudo, cerca de la costa cuando un buque tanque descargaba el combustible para la refinería que opera Repsol en el municipio de Ventanilla.
La demanda promovida por una campaña comunal que recogió las adhesiones ciudadanas en las calles , entre noviembre de 2023 y enero último, tras exigir en vano que Repsol los indemnice por el daño sufrido, en algunos casos permanente, como en el de los pescadores, pues los sedimentos del crudo en el fondo marino devastaron a la fauna.
La organización ambientalista Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR, Fundación Medio Ambiente y Derechos Fundamentales) -dedicada a defender los intereses de víctimas de desastres- planteó la demanda en Países Bajos porque la empresa Repsol Perú V.B. está registrada allí.
Una audiencia de calificación de la demanda se realizará en junio próximo, cuando la corte dictaminará si asume el proceso y los representantes de SEFR esperan que Repsol acepte una conciliación con los afectados para evitar un litigio prolongado y costoso que puede durar hasta tres años.
Entre los demandantes, las organizaciones de pescadores artesanales denuncian que la empresa Repsol, que alega haber indemnizado a la mayoría de los afectados, en realidad solo ha compensado de manera insuficiente a una minoría de ellos.
La transnacional sostiene que la demanda carece de fundamento y debe ventilarse solo en Perú ya ha sido objeto de reiteradas multas y reproches oficiales, periodísticos y de expertos ambientales por no informar adecuada y oportunamente sobre el derrame y sus consecuencias y hasta de minimizar la gravedad del desastre.
Un informe de organizaciones no gubernamentales como CooperAcción, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú Equidad), EarthRights International (ERI) y con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), verificó la gravedad del los efectos del derrame.
El impacto del peor desastre ambiental de la historia peruana, según la investigación realizada, ha sido grave para la vida y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones afectadas.
Entre otros detalles, el informe precisó que el crudo vertido causó la pérdida de mil 850 especies de fauna silvestre, incluyendo varias en peligro de extinción.
La fuente planteó la necesidad de respuesta integral y adecuada de Repsol y de las autoridades estatales socioambientales, pues, argumenta, la magnitud del perjuicio exige acciones contundentes y efectivas que reparen el daño causado, pero además se requieren medidas de prevención que eviten desastres similares.
Apuntó que el Estado español debe cumplir sus responsabilidades extraterritoriales en materia de derechos humanos, aplicando los lineamientos de debida diligencia empresarial a las compañías hispanas que operan fuera de sus fronteras.
Consideró urgente una mayor y mejor regulación de la actividad empresarial en materia de derechos humanos, mediante un marco normativo que cautele esos derechos y el medio ambiente.
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