Durante las protestas sociales en Santiago y las principales urbes del país las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza a los manifestantes y ocasionaron unas 30 muertes y miles de heridos.
Entre los lesionados se cuentan más de 400 con trauma ocular severo, pérdida de la visión o desfiguración del rostro debido al uso por la policía de escopetas con perdigones especiales.
Aunque el Gobierno se comprometió a brindarles la atención necesaria e investigar a los culpables de estas violaciones a los derechos humanos, el proceso no avanza con la celeridad necesaria.
En la Región del Biobío hay 15 víctimas, de las cuales dos eran menores de edad cuando ocurrió el levantamiento popular, informó Olimpia Riveros, concejala de la ciudad de Concepción.
De estos casos dos están avanzados, una cifra igual aún no comienzan, en 10 se presentaron las querellas ante los tribunales y sólo uno tiene identificado al responsable.
Rodrigo Lagarini, uno de los lesionados, dijo que la situación mental de ellos es crítica y se agudiza por falta de seguimiento personalizado.
Esto explica, agregó, que a nivel nacional cuatro de las víctimas de trauma ocular durante el estallido social optaron por quitarse la vida ante la indiferencia de las autoridades.
El abogado de Derechos Humanos, Esteban Arévalo, aseguró que no habrá descanso hasta encontrar toda la verdad y justicia.
Añadió el jurista que por tratarse de delitos de lesa humanidad no hay peligro de que prescriban y los autores disfruten de impunidad.
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