Al concluir el tercer ciclo de diálogos que comenzó la semana pasada en esta capital, se divulgó asimismo que las partes estuvieron de acuerdo en fortalecer en los territorios la participación en el proceso de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro, de mujeres y jóvenes, así como poblaciones de víctimas y personas vulnerables.
De acuerdo con un comunicado de la Presidencia del país, los representantes de cada una de dichas asociaciones trabajarán con la Mesa de Paz en la construcción de una agenda que garantice la participación real y efectiva de las comunidades para debatir temas de tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación y desarrollo sostenible.
Abundó la nota que también discutirán sobre poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros.
Acorde con lo difundido, los planes de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las comunidades tendrán un enfoque prioritario en los departamentos de Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander.
Apuntó el texto igualmente que el jefe de la delegación del Gobierno en el proceso con el mentado grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Camilo González, afirmó que se trazará una ruta con 22 mecanismos locales de verificación para proteger a la población civil en territorios afectados por el conflicto.
Se acordó reconocer escenarios de participación de los diferentes sectores de la sociedad para construir una agenda socioambiental para la paz que “reduzca las afectaciones ambientales relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados en los territorios”.
Resaltó la comunicación que durante las conversaciones, el EMC-FARC ratificó su compromiso de suspender las “retenciones con fines económicos”.
El cuarto ciclo de diálogos se instalará en marzo próximo, según se informó.
La Mesa de Paz hará un seguimiento a los compromisos ya definidos en los acuerdos y protocolos firmados con respeto estricto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, especificó la nota.
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