De acuerdo con la experta, el estancamiento de las fuerzas políticas en el Parlamento de la nación europea provoca la paralización del CGPJ, compuesto por 20 miembros cuyo mandato expiró en 2018.
“Irónicamente, el retraso parlamentario ha llevado a la incapacidad de un organismo independiente de desempeñar su papel no partidista para garantizar el Estado de derecho en España”, aseguró la experta quien permanece en contacto con las autoridades de Madrid al respecto.
El derecho a un juicio justo requiere un juez imparcial. En España, esta imparcialidad está estrechamente ligada al funcionamiento libre e independiente del Consejo General del Poder Judicial, agregó en una nota de prensa divulgada aquí.
La Oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU recordó que a finales de diciembre de 2023, las autoridades españolas pidieron a la Comisión Europea que facilitara las conversaciones para avanzar en el tema.
Anteriormente, el comisario europeo de Justicia, Didier Reyners, ya había visitado España para abordar este tema en 2022.
«Doy la bienvenida a la posible reanudación de las conversaciones destinadas a resolver el estancamiento sobre este tema e insto al Parlamento español a abordar esta crisis sin precedentes en el poder judicial con la mayor seriedad», remarcó Satterthwaite en ese sentido.
El Consejo General del Poder Judicial se encarga de nombrar jueces y garantizar la independencia del poder judicial.
De acuerdo con la Carta Magna de España, el CGPJ debe renovarse cada cinco años, sin embargo, la falta de acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios impide esta renovación desde 2018.
Satterthwaite es relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados desde octubre de 2022 cuando fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La también profesora es una académica y practicante internacional de derechos humanos con décadas de experiencia en el campo con experiencia en el Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
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