Explicó que la decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México tiene motivaciones políticas, en lugar de jurídicas, con la intención de desacreditar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En horas recientes, el Ejecutivo fijó su postura tras el fallo favorable a los integrantes de la fuerza castrense y criticó la actuación de los magistrados, quienes obstaculizan y entorpecen el desarrollo del proceso.
Para la autoridad federal, la orden de libertad socava la credibilidad de la institucionalidad del Gobierno, enfrascado en la búsqueda de las 43 víctimas.
La administración catalogó al caso Ayotzinapa como asunto de Estado y pedirá a la Fiscalía General de la República la consideración de nuevas órdenes de aprehensión contra los acusados.
Por esa causa estaban en prisión el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas y Gustavo Rodríguez de la Cruz, así como los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
Como parte del proceso, se enumeraron fallos cometidos por ellos, la absolución de 62 implicados que fueron torturados y la tentativa de liberar al exprocurador Jesús Murillo Karam.
El Gobierno refrendó su compromiso con la legalidad, el derecho a la verdad y la justicia para las familias de los jóvenes alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, forzosamente desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
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