En una serie de hechos concatenados, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio seguimiento a las denuncias realizadas ante el Parlamento por el presidente Nicolás Maduro y abundó sobre las cinco acciones de carácter terrorista y magnicidio, cuyos planes se fraguaron desde mayo de 2023.
Hasta ayer sumaban 36 personas detenidas entre civiles y militares y otras 22 recibieron órdenes de aprehensión por la justicia, algunas de las cuales buscaron refugio en la vecina Colombia, epicentro de los complots por implicaciones de la CIA y la DEA, y los servicios de inteligencia del Ejército de ese país.
Los actos de desestabilización comprendían el eje Miami-Colombia-Venezuela, bajo la tutela de la ultraderecha venezolana residente en la ciudad estadounidense, en el país y el apoyo financiero y logístico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), asentados en la nación neogranadina.
Saab detalló en rueda de prensa el lunes que las acciones violentas fueron develadas y desmanteladas por los cuerpos de inteligencias venezolanos y Maduro añadió, que también con la participación popular.
Añadió que todos los detenidos están convictos y confesos y aportaron información extraordinaria del “plan brutal” contra la gran mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática, como pudo verse en dos videos mostrados en la que individuos hablaron sobre los planes.
Los militares implicados fueron, en los cinco casos, captados en Colombia con la participación directa de la CIA, la DEA y los servicios de inteligencia del Ejército colombiano, subrayó.
El titular del Ministerio Público llamó “conspiración continuada” los cinco momentos de acciones criminales y apuntó que los convictos y confesos “delataron a sus cómplices con nombres y apellidos”.
Las cinco conspiraciones develadas están siendo todas procesadas y judicializadas para dictar sentencia firme con la “máxima pena” que establece la ley venezolana, enfatizó.
Los implicados por estos complots están acusados por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional en grado de tentativa contra el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades, terrorismo, conspiración y asociación, entre otros.
Inmediato a las denuncias, el Ministerio de Defensa ratificó su absoluta lealtad y apoyo incondicional al presidente Nicolás Maduro y aseguró en un comunicado que ante cualquier intento desestabilizador “responderemos contundentemente” en perfecta fusión cívico militar, apegados estrictamente a la Constitución y las leyes.
El texto lamentó la captación en esas acciones de profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), algunos activos y otros en reserva activa, quienes de forma abiertamente mercenaria se prestaron a la vileza y la traición.
La FANB informó de la degradación y expulsión de 33 militares por orden del comandante en jefe y Presidente de la República, procedimiento llevado a cabo en el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, en el Fuerte Tiuna, en Caracas.
Entre los uniformados se encuentran un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores, dos capitanes y seis primeros tenientes, entre otros, quienes estuvieron implicados en “acciones criminales y terroristas” para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido.
“iCero tolerancia con los traidores!”, remarcó el comunicado, firmado por el Ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino.
Otro hecho trascendente de la semana, y vinculado de cierta forma a lo anterior, fueron los anuncios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las solicitudes de algunos políticos opositores vinculadas a la inhabilitación.
La Sala Político Administrativa del máximo tribunal venezolano informó de 10 procesos, cinco de los cuales recibieron la habilitación: Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez Álvarez, Daniel Ceballos, Rosa Brandonisio de Scarano, en tanto otros dos resultaron inhabilitados: Enrique Capriles y María Corina Machado.
Estas últimas sentencias ratificaron las inhabilitaciones por 15 años para ejercer funciones públicas de los políticos opositores.
El TSJ se declaró sin competencia para determinar los casos de Wilfredo Segundo Rojas Vargas, Carlos Alberto Piñero González y Vincencio Scarano.
Las solicitudes de amparo cautelar fueron emitidas en cumplimiento de la Constitución, las leyes vigentes, en el marco del acuerdo de Barbados del 17 de octubre del 2023 y en la observancia de los parámetros y exigencias allí señalados, señaló el Tribunal Supremo.
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