De acuerdo con el diario La Prensa, ese indicador no obstante llegó a 10 mil 464 millones de dólares, lo que significó un aumento de mil 363, 2 millones comparado con 2022, de los cuales, el 60 por ciento correspondieron a ingresos tributarios.
Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, el hecho de que los ingresos del Estado no llegaron a las expectativas del Gobierno son el reflejo de una economía que se desacelera.
“No llegar a la meta de ingresos representa aumentar el déficit fiscal y los riesgos de este con relación a los compromisos fiscales adquiridos”, indicó.
Por su parte, el economista Carlos Araúz dijo que para lograr finanzas públicas sólidas y aplacar los temores que el mundo inversionista tiene con respecto a Panamá y su grado de inversión, la actual administración tenía que poner en práctica una política sensata de contención del gasto.
Se trata además, agregó, de enfrentar los complejos momentos que se vienen ante la segura disminución de los aportes al tesoro procedentes del Canal de Panamá y la inminente acción para lidiar con el uso de reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
Según el informe de la Dirección General de Ingresos (DGI), los ingresos tributarios acumulados a diciembre de 2023, fueron de seis mil 227 millones de dólares, reflejando un déficit de 125.1 millones de dólares, en comparación al presupuesto.
Entre los ingresos directos está el pago sobre la renta, de inmueble, aviso de operación de empresas y seguro educativo, mientras que los indirectos son el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios, consumo de combustible, impuestos de importación y exportación; y el selectivo al consumo.
A inicios de enero, el viceministro de Economía, Carlos González, indicó que el país cumplirá con el 3,0 por ciento del déficit estipulado para el año 2023, como lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Para el economista Ernesto Bazán, el problema del déficit fiscal es que el país se ve obligado a pedir más deuda, y eso significa que tendrá que dedicar más fondos para cubrir el pago a los acreedores, dejando menos dinero para inversiones y gastos sociales como salud y seguridad, entre otros.
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