Por Glenda Arcia
Corresponsal jefa en Argentina
Convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT), integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas, jubilados, diputados y defensores de los derechos humanos, salieron a las calles, pese a un fuerte operativo policial y las amenazas de multas y descuentos de la jornada por parte del Ejecutivo.
Con el grito de La Patria no se vende, los manifestantes expresaron su rechazo a un plan de ajuste, un protocolo antiprotestas, un decreto de necesidad y urgencia y un paquete de normativas presentados por el presidente para reformar o derogar más de 300 leyes, otorgarse facultades legislativas, privatizar empresas públicas y cambiar el sistema laboral, entre otras disposiciones.
Entre los participantes se encontraban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Somos Barrios de Pie, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, entre muchas otras agrupaciones.
También respaldaron el paro y la marcha los partidos que conforman la alianza Unión por la Patria (UP), entre ellos, el Justicialista y el Comunista, el Frente Renovador, el Patria Grande y el Conservador Popular.
Según precisó la CGT, más de un millón 500 mil personas protestaron en todo el país, alrededor de un centenar de organizaciones del mundo expresaron su apoyo a la lucha del movimiento obrero argentino y hubo movilizaciones frente a las embajadas de esta nación.
Desde la tribuna, el dirigente de la CGT Pablo Moyano aseveró que un peronista no puede respaldar las medidas de Milei y pidió a los diputados no traicionar a los trabajadores ni vender la soberanía nacional.
Por su parte, la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida instó preservar la unidad y no bajar los brazos.
Se lo decimos nosotras, las locas que, a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Nuestros hijos eran trabajadores. Los 30 mil detenidos-desaparecidos están presentes, ahora y siempre, aseveró al recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
De acuerdo con el analista Luis Bruschtein, el acto frente al Congreso rompió varias marcas históricas: es el primero contra un gobierno a 45 días de asumir, fue una de las protestas gremiales más masivas de la democracia y resultó convocada en vacaciones, pese al intenso calor.
La gran convocatoria fue la respuesta a la estrategia brutal del Gobierno de enviar el DNU y la Ley Ómnibus para acabar con el sistema previsional, las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores, privatizar las empresas del Estado, destruir la pequeña y mediana industria, atacar a la cultura, desproteger el medioambiente, destruir salarios e ingresos y favorecer a las grandes corporaciones, apuntó.
Por su parte, el diputado de UP Germán Martínez calificó de desproporcionado el despliegue policial.
Recientemente, tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por un protocolo antiprotestas aprobado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los expertos en Libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, y en Situación de los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, solicitaron a Milei revisar esas medidas por sus implicaciones y riesgos para los ciudadanos.
En un documento publicado recientemente, los representantes de la ONU consideran que el protocolo y la Ley Ómmibus son incompatibles con las normas internacionales e imponen restricciones indebidas.
Solicitamos al Gobierno que garantice una revisión en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debe tener en cuenta toda la gama de obligaciones que el Estado asumió al ratificar los distintos tratados internacionales, indica el texto.
También nos gustaría confirmar nuestra disponibilidad para proporcionar cualquier tipo de asistencia técnica, añade.
Los relatores advierten que en Argentina se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”.
Además, cuestionan la intervención injustificada de la policía para restringir la libertad de reunión, expresión y circulación.
“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mismo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, aseveraron.
A ese informe, el descontento de los trabajadores y las críticas de los legisladores de UP, se sumó el cuestionamiento de varios gobernadores a las medidas económicas impulsadas por la dirección del país.
En ese contexto, el ministro del sector, Luis Caputo, comunicó el 26 de enero la decisión de retirar el capítulo fiscal del paquete de leyes enviado por el presidente al Congreso para facilitar su aprobación.
Las normativas eliminadas disponían un blanqueo de capitales, una moratoria impositiva, un adelanto del impuesto sobre los bienes personales, el incremento de los derechos de exportación y el cambio de la fórmula de jubilatoria.
Sin embargo, el proyecto del Gobierno incluye otros aspectos muy cuestionados como la atribución de funciones legislativas al Ejecutivo y el establecimiento de la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta 2025 con la posibilidad de renovarla por dos años.
Por otra parte, Caputo confirmó que su cartera incorporará las áreas incluidas en la de Infraestructura, la cual pasará a ser una secretaría tras la renuncia de su titular, Guillermo Ferraro.
La salida de Ferraro fue confirmada el día 27 de enero por la Casa Rosada y fue atribuida a problemas personales.
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