Así lo señaló el abogado Carlos Rivera, experto en derechos humanos y representante de la parte civil en el primer juicio en el que fue condenado el exgobernante a 25 años, pena de la que fue indultado en diciembre último.
Montesinos recibió una pena de 19 años y ocho meses de cárcel, menor a los 25 años pedidos por la Fiscalía y se benefició de una reducción, debido a que reconoció sus culpas en todos los términos de la acusación y aminoró la duración del proceso.
Rivera precisó que la confesión será utilizada por la Fiscalía como elemento incriminatorio contra Fujimori, principal acusado, así como contra los exmandos militares acusados y los ejecutores de la matanza.
El exbrazo derecho de Fujimori en el manejo de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia fue condenado por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio con alevosía, cometidos en 1992 en la localidad de Pativilca, en el norte de la región de Lima.
La masacre fue perpetrada por el Grupo Colina, un destacamento militar clandestino encargado de ejecutar extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo y a cuyos miembros Fujimori condecoró y amnistió cuando era gobernante, pese a lo cual niega ser responsable y rechaza el testimonio de Montesinos.
Montesinos en la práctica no cumplirá la condena, pues según la legislación peruana, la nueva sentencia puede fusionarse con la de 25 años que recibió por la masacre de 15 civiles inocentes, incluyendo un niño, en Barrios Altos, cometida también por el Grupo Colina; pena que terminará en 2025.
La sentencia incluye la matanza de La Cantuta, de nueve estudiantes y un profesor, inhabilita además a Montesinos para asumir cargos en el Estado durante cinco años y lo obliga a pagar 500 mil soles (más de 131 mil dólares) como reparación civil a cada uno de los herederos de las 16 víctimas de las masacres de Pativilca y La Cantuta.
De otro lado, el tribunal prohibió que el exgobernnte (1990–2000) salga de país en los nueve próximos meses, pero rechazó el pedido de la Fiscalía de someterlo a detención domiciliaria para evitar su fuga.
npg/mrs
