Según se conoció, la misión se extenderá hasta abril próximo, estará a cargo del Comando de la Guardia Fronteriza y contempla, entre otros aspectos, la inspección, investigación, verificación, gestión, patrullaje, control y tratamiento de infracciones y garantía de la seguridad y protección de la explotación de productos marítimos.
Este plan de acción, dijo la agencia de noticias VNA, busca fortalecer la coordinación con las fuerzas funcionales, comités del partido y autoridades locales para ejecutar medidas destinadas a prevenir y detener por completo la explotación ilegal de productos marítimos en aguas extranjeras.
Se prevé además llevar adelante una amplia propaganda sobre el tema en coordinación con los ministerios de Cultura, Deportes y Turismo, y el de Información y Comunicación.
A finales de diciembre último el viceprimer ministro vietnamita Tran Luu Quang instó a los ministerios y agencias pertinentes y a las provincias y ciudades costeras a implementar tareas y soluciones urgentes para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El exhorto se produjo semanas después de la cuarta inspección del equipo de la CE, el cual apreció los avances en la lucha contra la IUU y los grandes esfuerzos de Vietnam para perfeccionar el marco legal correspondiente, pero advirtió que todavía quedan algunos problemas no resueltos por lo cual no puede retirarse la advertencia.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 26 de las 28 ciudades y provincias costeras completaron ya la revisión de sus buques pesqueros y más del 97 por ciento de las embarcaciones de al menos 15 metros de eslora están equipados con el sistema de seguimiento de barcos.
La CE impuso la advertencia de “tarjeta amarilla” a esta nación indochina en 2017, lo cual limita las exportaciones de productos acuáticos vietnamitas hacia los países integrantes del bloque comunitario.
Ese mismo año el Gobierno vietnamita propuso al Legislativo aprobar la Ley de Pesca y emitió dos decretos, mientras el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió con posterioridad ocho circulares al respecto, con lo cual en 2019 se completó básicamente el marco legal para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El incumplimiento de las normas de la CE para este sector supone la imposición de una “tarjeta amarilla” que luego puede ser reemplazada por una verde si los problemas se resuelven, o una roja en caso contrario. Esta última puede implicar la prohibición total del comercio de productos acuáticos.
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