Cientos de efectivos con bastones y escudos, la policía motorizada y camiones hidrantes llegaron la víspera hasta las proximidades del Congreso para impedir una movilización de agrupaciones como el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Los oficiales usaron gas pimienta y el líder del PO, Eduardo Belliboni, declaró que recibió golpes que le causaron dificultades para respirar.
Exigimos la liberación de nuestro compañero del PO Victor da Vila. A las 18:00, hora local, volvemos al Congreso contra la Ley Ómnibus. ¡Ninguno preso por luchar!, afirmó hoy la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.
Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y Legales denunció que hubo “mujeres detenidas y arriadas a golpes, periodistas apaleados, policías armados hasta los dientes, incluso con armas de fuego”.
“Esas escenas son comunes desde que está vigente un protocolo de tolerancia cero a las manifestaciones que habilita la prepotencia y provocación policial. Con el paquete de leyes, el Gobierno quiere darle legalidad a una violencia estatal irracional que termina con el derecho a la protesta. Los legisladores no pueden permitir esto, aseveró la organización en un comunicado.
Además, señaló que “a un agente federal lo fotografiaron con un distintivo de ultraderecha. Es muy preocupante y más todavía si aparece como una provocación. Además de llevar la identificación libertaria, estaba armado en una manifestación y eso está prohibido”.
A su vez, Sonia Mello, del Frente Grande, consideró lamentable que, a 40 años de democracia, “no solo tengamos que ver cómo el gobierno de Javier Milei aprieta y extorsiona a las provincias para que aprueben una ley que vulnera los derechos del pueblo, sino que además sale con todas las fuerzas a reprimir a trabajadores y familias».
La Patria no se vende. Decimos No a la represión, afirmó.
Asimismo, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli y la Central de Trabajadores-Autónoma denunciaron la detención de cuatro mujeres que cantaron el himno nacional sentadas frente al Congreso.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado condenó la represión y acusó a la dirección del país de “pisotear la democracia y militarizar la Ciudad de Buenos Aires”.
De ninguna manera se puede pretender aprobar una ley si eso implica reprimir al pueblo que se expresa en su contra. Exigimos la liberación de todos los detenidos y el cese inmediato de la violencia institucional, afirmó el secretario general de esa agrupación, Rodolfo Aguiar.
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