En un comunicado divulgado a la opinión pública, el gobernante advirtió cómo los miembros de su gabinete son víctimas de persecución judicial y alertó sobre los intentos de determinados sectores de instaurar “una ruptura institucional”.
“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, avisó el mandatario.
Petro hizo alusión en su comunicado al caso del canciller, Álvaro Leyva, figura suspendida por primera vez en la historia por la Procuraduría General de la Nación.
“La respuesta desesperada será no solo suspender al canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol (la principal empresa de petróleo ) y al superintendente de Servicios Públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana”, sentenció.
La Fiscalía, añadió, “pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”.
Se han allanado sindicatos, reveló, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo.
“Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”, afirmó además.
Sobre los intentos en su contra, apuntó que no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante de alias «el Ñeñe», que la del sindicato de maestros.
“A la contribución de alias «el Ñeñe» la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas”, expresó.
El pasado enero, Petro alertó sobre los intentos en marcha para derrocarlo cuando advirtió que el allanamiento ordenado por la Fiscalía General de la Nación a las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) perseguía encontrar un camino para sacarlo de la Presidencia de la República.
Tras su denuncia, organizaciones progresistas se solidarizaron con el primer presidente colombiano de izquierda, cuyo ascenso ocurrió legítimamente y por decisión popular en 2022.
El Grupo de Puebla, por ejemplo, expresó su profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política (lawfare) que hacen en su contra el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana que hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista.
Denunció ese foro político que la insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al presidente, está deteriorando la democracia del país y distrayendo la justicia que debería estar ocupada en combatir la criminalidad.
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