Mediante el decreto 117/2024, el presidente Javier Milei dispuso la intervención por un año de la agencia de noticias Télam, la Radio y Televisión Argentina, la sociedad Educ.ar y Contenidos Públicos.
Además, estableció que dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez y nombró como interventor a Diego Martin Chaher y como adjunto a Diego Sebastián Marías.
Según el decreto, ambos tendrán las facultades de los estatutos de esas empresas, modificarán sus normas y régimen de administración de fondos, ordenarán una auditoría integral y designarán o removerán a funcionarios y personal.
Se trata de una violación de la legislación vigente y pasa por arriba del Congreso, pues algunas de esas entidades cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, señaló la Fatpren en un comunicado.
Esos medios tienen su propia estructura de conducción, establecida por las leyes que los crearon y, en especial, un control democrático a través del Congreso y del público. De manera absolutamente autoritaria, el Ejecutivo arrasa con ello, añadió.
Además, indicó que la medida atenta contra la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en Argentina.
También viola la normativa de Sociedades del Estado que pretendió ser derogada mediante el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, “impugnado por inconstitucional por la Fatpren mediante un amparo que actualmente tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal”.
Señalamos la absoluta incompatibilidad del 70/23 con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos que garantizan pluralidad de voces y sostienen el sistema informativo del país, el cual, sin Télam, Radio Nacional o la Televisión Pública, estaría sujeto a los antojos de los privados y sus intereses económicos, apuntó el texto.
Además, recordó que las instituciones intervenidas garantizan el federalismo y la posibilidad de que a todo el territorio nacional lleguen de manera gratuita hechos culturales y de interés.
Es clara la intención del Ejecutivo de privatizar esos medios para hacer un negocio con ellos, funcional a los sectores privados de la comunicación. Por todo esto, solicitamos al poder judicial el tratamiento de manera urgente del recurso presentado por nuestra federación y a los diputados defender el rol del Congreso ante un nuevo avasallamiento, concluyó.
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