Además, condenó las intenciones del Gobierno de Javier Milei de intervenir los medios públicos de comunicación.
El Capac se solidariza con los periodistas víctimas de la brutal represión llevada a cabo como parte de un protocolo antiprotestas que es ilegal y viola normas internacionales como determinó la Organización de las Naciones Unidas, señala el texto.
Además, indica que la decisión de intervenir por decreto los medios públicos viola la libertad de expresión, significa la persecución de los trabajadores del sector y afecta la soberanía, al intentar vender esas entidades al mejor postor.
El comunicado alerta sobre los daños causados al sistema democrático con esas medidas y advierte que el artículo 416 de un paquete de leyes analizado en la Cámara de Diputados promueve el cierre de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que financia proyectos sin fines de lucro.
Si el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría se convierte en ley, se vería gravemente afectado el derecho a la comunicación a partir de la disolución de los instrumentos creados para fomentar la pluralidad de voces. La Defensoría depende del Poder Legislativo y su función es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que oyentes y televidentes sean respetados, concluye el documento.
El texto fue firmado por la presidenta del Capac, Stella Calloni, y su vicetitular, Alberto Mas.
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