Según la agencia de noticias Télam, el magistrado se declaró competente en una causa que analiza la inconstitucionalidad de ese plan de medidas y pidió, además, aclarar si fueron consultados el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 demandó una explicación pormenorizada del procedimiento que precedió a la aprobación del mismo, sus antecedentes, hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos.
Casanello pidió «precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos».
Además, solicitó información sobre si «se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia».
Durante la semana que recién concluyó, integrantes de agrupaciones sociales y sindicales se congregaron en los alrededores del Congreso para rechazar un paquete de leyes debatido por la Cámara de Diputados.
La Policía Federal, la motorizada, la Gendarmería y la Prefectura arremetieron contra los manifestantes con bastones, gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de gomas.
Más de 20 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, entre ellas 30 profesionales de la prensa.
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