La situación en la región es crítica y sin precedentes, pues, tras los niveles de almacenamiento históricos de 39 por ciento en las presas de Cutzamala, las autoridades tomaron medidas emergentes de recortes en el suministro de agua de 800 litros por segundo en varias alcaldías y municipios.
Ante el panorama, organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco y la Universidad del Medio Ambiente, llamaron al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental del T-MEC para votar a favor de una investigación solicitada desde hace ocho meses.
Las entidades recordaron mediante un comunicado que el 15 de mayo de 2023 solicitaron un Expediente de Hechos por omisiones en la aplicación efectiva de las leyes ambientales, en lo referente a la protección de bosques, biodiversidad y recursos hídricos.
Estos recursos están afectados por procesos de degradación, erosión de suelos, contaminación, y por los cambios de uso de suelo forestal para privilegiar la construcción inmobiliaria en la subcuenca del Valle de Bravo-Amanalco, y el municipio Valle de Bravo, en el Estado de México, denunció el texto.
Según el comunicado, la situación ocasiona conflictos sociales por el líquido, sin dejar de mencionar las afectaciones ambientales por falta de agua, concentración de contaminantes en ríos y presas y procesos de degradación y erosión de los suelos en la Subcuenca.
La solución a la crisis de la Subcuenca, para las organizaciones, debe basarse en una planificación integral y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, con el apoyo de la sociedad civil.
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