Las Cámaras de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) emitieron un comunicado en el que cuestionaron “las actuales condiciones normativas”, que, argumentan, hace inviable la actividad pesquera fuera de los meses de zafra (de mayo a agosto).
Por ello solo seis de los buques que componen la flota industrial, de un total de 54, se han hecho a la mar.
Las cámaras empresariales pesqueras consignan que no hay perspectivas de que las otras 84 embarcaciones «zarpen o incluso de que, una vez regresado, los seis barcos operativos vuelvan a zarpar”.
“La paralización de la pesca nacional tiene múltiples efectos ya que ocupa alrededor de tres mil personas que lamentablemente quedan sin trabajo», añade la declaración.
Refiere además que los problemas actuales fueron discutidos en reiteradas ocasiones con autoridades y dirigencia sindical, sin «cambios sustanciales».
Menciona a instituciones del Estado informadas del asunto: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Prefectura Nacional Naval, Administración Nacional de Puertos y Banco de Seguros del Estado, «pero sin aún tener una respuesta».
Los entes pesqueros empresariales cuestionaron sus aportes fiscales y las primas al Banco de Seguros del Estado, además de “limitaciones normativas para el acceso de personal al sector”.
En tal sentido refirieron cual contraste las inversiones de la Administración Nacional de Puertos en el Puerto Pesquero de Capurro, ubicado en la bahía de Montevideo.
También la decisión del Ministerio de Defensa de invertir 82 millones de euros en la construcción de dos patrullas oceánicas.
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