La convocatoria, lanzada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en “defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho”, fue secundada por otras asociaciones como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios.
También el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional para el Cambio y el Servicio Nacional de aprendizaje, entre otras, aseguraron que se incorporarán a las movilizaciones que desde hace días se divulgan en redes sociales bajo las etiquetas #ElecciónDeFiscalYa y #8F.
En su comunicado, la Fecode afirmó que las protestas son para exigir garantías para el movimiento sindical y social, el cumplimiento del mandato constitucional de designar el nuevo fiscal general y el respeto a la democracia y a la decisión popular de elegir un gobierno democrático y progresista.
Esa federación comunicó recientemente que fue víctima de un atropello después de que la Fiscalía allanara su sede e incautara documentos, libros y otros dispositivos con información, en relación con un supuesto apoyo económico por parte del sindicato a la campaña del actual presidente Gustavo Petro.
La Fecode aclaró que la donación se entregó “al partido político (movimiento Colombia Humana), más no a la campaña presidencial” como sus detractores quieren hacer ver.
El propio mandatario detalló que Colombia Humana gastó los recursos en testigos electorales, lo que no constituye gastos de campaña, porque esas figuras intervienen después que culmina el proceso y actúan para vigilar el conteo de votos ya depositados.
“Lo que busca el fiscal general (Francisco Barbosa) es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La Constitución prohíbe que la Fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales”, valoró entonces Petro.
Asimismo, varias figuras políticas, entre los que se halla la senadora María José Pizarro, el representante a la Cámara Gabriel Becerra y el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, alertan sobre los efectos nocivos que la demora de la designación del nuevo fiscal general acarrearía para el país.
El pasado 25 de enero la Sala Plena de la Corte Suprema se reunió para dirimir el asunto, pero ninguna de las propuestas de la terna nombrada por el presidente del país (Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez) alcanzó los 16 votos requeridos para sustituir al fiscal general, cuya salida se prevé ocurra el 13 de febrero venidero.
De no elegirse a la fiscal general entre las tres aspirantes antes del 12 de febrero, la actual vicefiscal Martha Mancera asumirá temporalmente como encargada, lo que es criticado por diversos sectores en Colombia.
jf/ifs
