La decisión judicial se basa en una solicitud de la Federación del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad y la Industria de las Telecomunicaciones contra el Estado.
En la misma se pedía detener provisionalmente la ejecución y efectos jurídicos del decreto que prohíbe a empresas de países no signatarios del Acuerdo de Budapest participar en concursos de telecomunicaciones, en el marco del reglamento de ciberseguridad para 5G y superiores.
Esta es una medida provisionalísima, mientras se resuelve un caso principal, y ordena la suspensión y los efectos jurídicos del reglamento de ciberseguridad relacionado con redes de quinta generación, así como cualquier acto de adjudicación relacionado con esas redes, reconociendo su importancia para todos los sectores de la economía, explica Edwin Estrada, abogado y consultor en telecomunicaciones.
El Tribunal considera que cualquier procedimiento en ese orden debe apegarse al principio de legalidad, por lo que, desde dicha óptica se analizarán los procesos que se llevan actualmente a cabo, a fin de descartar cualquier afectación irreparable al interés público, dado que las adjudicaciones podrían finiquitarse en cualquier momento y el reglamento está vigente, añade el experto.
Esta medida pone en suspenso el concurso para 5G que lleva a cabo el ICE, así como el ordenado por el Gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) que de momento se mantiene frenado por la falta de quórum en la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Mientras tanto, el Micitt resaltó que se trata de una medida cautelar y que esperan total neutralidad de los tribunales.
La institución reiteró su compromiso y respeto al Estado de Derecho costarricense, el debido proceso judicial y los principios fundamentales de la administración de justicia, incluyendo el derecho a ser escuchado, a presentar una adecuada defensa y los elementos probatorios pertinentes.
Es relevante señalar que esta medida cautelar es de carácter temporal, siendo que el Estado ejercerá oportunamente sus derechos procesales, a fin de que el juzgador pueda contar con todos elementos para revocar la medida dispuesta, explicó en un comunicado el Micitt.
A juicio de expertos, se trata de un nuevo capítulo de la contienda judicial sobre el decreto con el que el Gobierno pretende definir las reglas para el desarrollo del 5G.
Ahora, corresponderá al Gobierno presentar sus argumentos para procurar que se levante la medida cautelar, pero en caso de no lograrlo, podría representar que el desarrollo de 5G tenga que esperar una sentencia en tribunales antes de poder seguir los procesos de licitación para adjudicar el desarrollo de estos servicios.
De todas formas, analistas consideran que la empresa Huawei se apuntó una victoria legal en sus intenciones de participar, como cualquier otro proveedor, en la licitación de la red 5G.
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