Durante la primera etapa serán otorgados bonos de recuperación por un millón 500 mil pesos (alrededor de mil 770 dólares) a dos mil hogares cuyas viviendas fueron destruidas por completo en las localidades de Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar.
El presidente Gabriel Boric también anunció un pago de 750 mil pesos (unos 885 dólares) para quienes sufrieron afectaciones moderadas en sus propiedades.
Los montos están basados en el nivel de daños detectados en los formularios que llenaron los damnificados por el fuego.
De acuerdo con Boric, en los registros obtenidos hasta el momento figuran entre 12 mil y 13 mil hogares afectados y señaló que encargó al titular de Economía, Nicolás Grau, estimar los apoyos para levantar de nuevo las pequeñas empresas y emprendimientos destruidos.
Mientras, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aseguró que sólo en ese municipio el total de fondos necesarios para la reconstrucción asciende a mil 500 millones de dólares.
El presidente informó que la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, será el enlace permanente con alcaldes, gobernadores, delegados y secretarios generales, entre otras autoridades, con el propósito de tener una visión global de los desafíos y acelerar la ayuda.
Para cumplir esta tarea, dijo, permanecerá en Valparaíso y se trasladará a Santiago sólo para las reuniones gubernamentales de los lunes.
La encargada de la reconstrucción en el mediano plazo será la titular de Desarrollo Social, Javiera Toro, y al frente del despliegue de la Armada en la zona estará Maya Fernández, jefa de la cartera de Defensa.
El toque de queda implantado en las comunas más dañadas quedó ampliado hasta el 14 de febrero y regirá entre las 22:00 y las 05:00, hora local.
No obstante las medidas de control implantadas, comenzaron a conocerse denuncias sobre el aumento de precios en insumos básicos y artículos de la construcción en las áreas dañadas por las llamas.
Las autoridades recordaron que el acaparamiento de artículos de primera necesidad y la alteración fraudulenta de los precios están tipificados en el Código Penal y se sancionan con castigos de 61 días a tres años de prisión.
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