Miguel Surun Hernández, presidente saliente del CARD, expresó que la pieza legislativa autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a todo aquel que no entregue la información requerida a la DNI.
Sostuvo que la normativa constituye un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes, obligados a notificar a la DNI, pues la ley 01-24 es un atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, el secreto profesional, y el principio de transparencia del Estado.
Puntualizó que la misma afecta la separación de los poderes públicos, en violación de varios artículos de la Constitución.
Alertó que lo más peligroso está recogido en su artículo 26, que consagra que periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público que no entregue información será condenado de dos a tres años de cárcel.
Señaló que, de igual manera, se legitiman las viejas prácticas de interceptación telefónica y espionaje electrónico a opositores y comunicadores, pues se autoriza a esa Dirección a escuchar las comunicaciones electrónicas.
De acuerdo con el periódico 7Días, efectivos de la Policía Nacional se concentraron esta mañana en el Parque Independencia, en la zona colonial, para vigilar la caminata hacia el Palacio Nacional.
El diario Hoy publicó en su edición digital que Surun Hernández, en representación del grupo de abogados, dijo que esperan que el presidente Luis Abinader cumpla su obligación de convocar a una legislatura extraordinaria para que el Congreso Nacional «devuelva el sosiego democrático al pueblo dominicano».
El 11 de enero pasado el Senado aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la DNI como órgano centralizado del Estado, con el objetivo, según explicaron, de evaluar amenazas internas y externas y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
Acerca de la Ley 1-24 sobre la DNI, el presidente Luis Abinader reiteró que la misma está contemplada en la Constitución del 2010 y que muchos políticos que hoy se oponen, fueron los que promovieron el proyecto cuando se aprobó en el Congreso.
Sin embargo, debido a las críticas de diversos sectores, el mandatario aseguró que acatará el acuerdo que logre la SDD y el Ejecutivo.
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