Sobre dicha ciudadana existía una orden de aprehensión por sus presumibles vínculos con la trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, señaló Sabb en su cuenta X.
También estaba previsto el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal, estado Táchira, noreste de la nación, y otras entidades del país.
La autoridad del Ministerio Público indicó que dichas investigaciones continúan su curso con la obtención de “elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”.
Aseguró que, como siempre, se actúa “apegados a lo establecido” en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos.
El fiscal general en seguimiento a las denuncias realizadas ante la Asamblea Nacional por el presidente Maduro el 15 de enero último explicó las cinco acciones de carácter terrorista y magnicidio, fraguados desde mayo de 2023 por la extrema derecha venezolana en complicidad con la CIA y la DEA estadounidenses.
Los actos organizativos de desestabilización comprendían el eje Miami-Colombia-Venezuela, bajo la tutela de la ultraderecha venezolana residente en esa ciudad estadounidense y en el país.
Las tramas tenían el apoyo financiero y logístico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), asentados en la nación neogranadina, además de los servicios de inteligencia del ejército colombiano, detalló.
Saab reveló entonces que todos los detenidos están convictos y confesos y aportaron información extraordinaria del “plan brutal” contra la gran mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática.
Hasta finales de enero sumaban 36 personas detenidas entre civiles y militares y otras 22 recibieron órdenes de aprehensión por la justicia, algunas de las cuales buscaron refugio en la vecina Colombia, refirió.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó de la degradación y expulsión de 33 militares en activos y otros en reserva activa, por orden del comandante en jefe y Presidente de la República, entre los que se encontraban un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores, dos capitanes y seis primeros tenientes, entre otros.
Un comunicado del Ministerio de Defensa declaró que estos uniformados estuvieron implicados en “acciones criminales y terroristas” para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido.
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