De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, esta medida permitirá ejecutar diversas acciones, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos.
Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.
Osuna agregó a mdios de prensa que también se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.
«Esta emergencia busca la protección de la vida y el trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia del Inpec, así como la necesidad de reforzar medidas contra la extorsión, especialmente tras los hechos registrados en Tuluá (departamento del Valle del Cauca)», señaló.
Por su parte, el Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también sobresale un incremento del 41 por ciento de los casos de extorsión.
También, un aumento del ciento por ciento de los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
Estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones contundentes llevadas a cabo por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional, opinó.
La Fiscalía General de la Nación indicó que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda ‘La Inmaculada’ que opera en Tuluá.
«Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente», instó Osuna.
Recordó a la prensa que la semana pasada firmó un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión.
«Además, estamos acelerando el diseño del esquema jurídico y la consecución de recursos para ver qué viabilidad tiene un seguro de vida para los guardias», agregó el jefe de esta cartera. Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 tras la liquidación de Caprecom; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por la Covid-19.
El Gobierno de Gustavo Petro reafirma su compromiso con la protección de la integridad de toda la ciudadanía y continuará trabajando de manera decidida para garantizar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario colombiano, destacó el Ministerio de Justicia.
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