Según ese medio de prensa, el recurso fue respaldado por el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el líder del frente Patria Grande, Juan Grabois, ante la crisis actual y las consecuencias de las medidas del Gobierno para sectores vulnerables.
El documento plantea que existe presupuesto para brindar asistencia, “tanto de un programa financiado por Naciones Unidas como nacional, pero la inacción estatal genera que muchas personas no puedan acceder a un plato de comida diario”.
El principal derecho afectado es de la alimentación de quienes asisten a comedores y dependen de ellos para subsistir. También sufren daños a la salud, a una vida digna y a la integridad física y mental, señala el texto.
Además, destaca el papel de los comedores y merenderos para llegar a cada ciudadano que necesite ayuda.
Existe una red reconocida por el Estado de 41 mil instalaciones de ese tipo. El pedido de amparo es para que se restablezca el envío de alimentos a esos lugares, puntualiza.
También precisa que desde que asumió la presidencia Javier Milei, en diciembre pasado, esos espacios dejaron de recibir todo tipo de insumo o transferencia de fondos.
Al mismo tiempo, por el aumento del precio de los alimentos y el deterioro de los ingresos de la población, en dos meses aumentó la cantidad de personas que se acerca a pedir un plato de comida, indica.
El documento también recuerda que en varias oportunidades ciudadanos y organizaciones sociales intentaron hablar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero ella se negó a recibirlos.
“El Ministerio no distribuyó las canastas navideñas que el gobierno de Alberto Fernández dejó en los depósitos para que fueran entregadas en las fiestas. (…) La situación no es la inexistencia de recursos, sino que falta la decisión política de cubrir los derechos básicos fundamentales”, afirma.
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