La coalición finalmente impugnó la víspera la elección de una empresa para preparar las preguntas, previa denuncia de que la directora de Signa Lab, Rossana Reguillo, no será imparcial pues ha hecho comentarios públicos contra la Cuarta Transformación, el programa de gobierno que sirve de base al proselitismo de Sheinbaum.
Sin embargo, el formato de ese primer debate presidencial el 7 de abril, que recibirá preguntas de la ciudadanía mediante redes sociales, fue aprobado por unanimidad, con respaldo de todos los partidos políticos. Pero está pendiente la impugnación.
Hay problemas también con el segundo encuentro fijado para abril, esta vez por el formato del debate escogido por el personal de comunicación del Instituto Nacional Electoral (INE) el cual plantea hacer preguntas videograbadas en plazas públicas, lo cual crea dudas de inclusión a grupos minoritarios, inversión y filtros de moderadores.
En consecuencia la gestión está paralizada por los criterios encontrados de los partidos de ambas agrupaciones sobre la efectividad del método para recabar preguntas que garantice la inclusión de todos los sectores de la población, así como los filtros para las personas moderadoras.
Su característica es que estos últimos deben tomar preguntas de las videograbadas y hacérselas de forma genérica y particular a cada candidata.
Esos ciudadanos deben proporcionar su nombre, edad, lugar de residencia, y la pregunta que formulen deberá apegarse a temas definidos para el debate: que sea genérica, no se dirija a ninguna de las candidatas, se hagan en lenguaje cordial, imparcial y sin adjetivos ni discursos de odio.
Del 15 al 22 de abril se editarían los videos, se revisarían cuestiones técnicas y en una mesa pública, se sortearían las preguntas, 20 por región, para entregar 80 en sobre sellado a los moderadores quienes definirán las finalistas que llevarán al debate.
Pero los partidos expresaron dudas, como por ejemplo, que centrarse en las plazas más emblemáticas de las capitales del país podría no refleja la problemática de toda esa entidad, dejando de lado a grupos minoritarios.
Hay una modificación solicitada de que las grabaciones queden a resguardo de una persona designada por el INE para lograr que el menor número de personas posibles tenga acceso a esa información tan sensible.
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