Así lo anunció el canciller bolivariano, Yván Gil, en una rueda de prensa en la cual dio lectura a un comunicado que expuso los argumentos de esa decisión para la retirada de los 13 funcionarios que laboran en esa instancia en los próximos tres días.
La decisión de suspender las actividades de dicha oficina incluye la una revisión integral, en los próximos 30 días, de los “términos de cooperación técnica” descritos en la carta de entendimiento firmada en Caracas.
Esta medida se hará efectiva hasta tanto ese personal “rectifiquen públicamente” ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
El texto subrayó que la disposición se adoptó debido al “impropio papel” que esta institución desarrolló, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la llevó a convertirse en el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas” que permanentemente se confabulan contra el país.
Remarcó que desde la firma del documento de entendimiento la Oficina del Alto Comisionado mantuvo una postura “claramente sesgada y parcializada”, al generar de manera constante impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución.
Frente a este impropio actuar, las instituciones venezolanas procedieron con paciencia y por la vía del diálogo, en procura de reconducir el accionar de la Oficina “hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas” que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
La nota enfatizó que esa entidad exacerbó sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional.
Añadió que esta se mantiene sin condenar estos hechos ni solicitar un alto al fuego inmediato y permanece “pávida e inerte” ante el asesinato de más de 10 mil niños palestinos.
Esta Oficina del Alto Comisionado, afirmó, “resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones” en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con “mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
Indicó que la Oficina no solo vulnera la Carta de la ONU, sino, además, “incumple flagrantemente” las obligaciones contenidas en el documento de entendimiento suscrito con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de «respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados».
El comunicado finalmente llamó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas a retomar el respeto por la legalidad internacional y reiteró su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección a los Derechos Humanos.
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